Gobierno objeta acuerdo de accionistas

17 de septiembre de 2014 03:34 AM

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Gobierno objeta acuerdo de accionistas

Las autoridades salvadoreñas sostienen que la firma del contrato con Enel fue anómala.

Seguimiento. El caso CEL-Enel ahora se ventila en los juzgados locales y en el mismo CIADI, en Washington. Los italianos dicen estar abiertos a una salida negociada.

Mientras instancias internacionales daban la razón a Enel, la socia italiana de la CEL en la empresa local LaGeo, las autoridades salvadoreñas fijaron la vista en el principal elemento en el que la empresa extranjera ha basado su caso: el acuerdo de accionistas con el que se convirtió en socio del Gobierno salvadoreño en la geotérmica.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que se realizó un proceso anómalo para elegir a los italianos y firmar, luego, el acuerdo de accionistas en el que se establece que estos pueden convertirse en accionistas mayoritarios de LaGeo.

El caso está ahora judicializado bajo la acusación de la FGR de que hubo intención de varios exfuncionarios para beneficiar ilegalmente a Enel.

Varios antiguos miembros del Gobierno, de la CEL y de LaGeo han sido acusados.

El Juzgado Séptimo de Instrucción incluso decretó, en abril de este año, un embargo por $1,900 millones que es extensivo a los 19 acusados de peculado y a las operaciones de Enel Green Power en el país.

La respuesta de Enel ha sido solicitar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad adscrita al Banco Mundial y con sede en Washington, Estados Unidos,, que ordene a la Fiscalía salvadoreña que suspenda la persecución penal contra exfuncionarios de la administración Flores y el embargo de $1,900 millones ordenado por el juzgado.

El diferendo entre Enel y El Salvador llegó al CIADI en agosto de 2013, cuando los italianos presentaron una solicitud de arbitraje alegando que el Estado salvadoreño se negaba a cumplir el fallo del CCI a su favor.

Según Enel, El Salvador vulneró los derechos que le asisten como inversionista amparado en la ley de inversiones salvadoreña.

En abril de este año, y luego de que el juzgado ordenara el embargo extensivo a Enel, los italianos solicitaron al CIADI que se reconozca la jurisdicción primaria y exclusiva de ese tribunal de arbitrios y, por ende, que este ordene a El Salvador, a sus tribunales, su Fiscalía, su Corte Suprema y su Asamblea Legislativa suspender todos los procesos que ejecuta o tiene pendientes en el caso CEL-Enel.

Solicitaron, como medidas cautelares, que se ordene a El Salvador abstenerse de tomar medidas que afecten la explotación de las concesiones de LaGeo y que suspenda la acción penal promovida por la Fiscalía, así como el millonario embargo.

Fuente: laprensagrafica.com

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