Caso de minera contra El Salvador cerca de concluir

17 de septiembre de 2014 03:34 AM

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Caso de minera contra El Salvador cerca de concluir

Pacific Rim reclama una indemnización millonaria porque no se le extendieron permisos de explotación en El Salvador. El CIADI, instancia del Banco Mundial, está cerca de fallar sobre el caso.

El proceso que la minera Pacific Rim inició en contra de El Salvador continúa en Washington. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una dependencia del Banco Mundial dedicada a la solución de conflictos entre gobiernos e inversionistas, inició la etapa de exposición de argumentos finales de las partes.

En esta tercera audiencia, los árbitros nombrados para conocer el caso escuchan a los peritos y a los testigos. De parte de El Salvador, por ejemplo, hablarán exfuncionarios como Hugo Barrera y Yolanda de Gavidia.

La minera exige que el Gobierno salvadoreño le pague $301 millones para compensarle las pérdidas que, según ella, le significó que las autoridades locales le negaran los permisos de explotación minera en El Dorado, al norte del país.

La compañía minera australiana OceanaGold, ahora propietaria de Pacific Rim, ha dado seguimiento a la demanda iniciada en 2009. La base de esta ha sido la reiterada negativa de los gobiernos de El Salvador, desde 2002, de extenderle el permiso para la extracción de oro.

El Salvador ha sostenido su caso en Washington sobre la base de las leyes y políticas nacionales para la protección de la salud y el medio ambiente, pero también en el hecho de que no se retiró el permiso a Pacific Rim, sino que esta no cumplió los procedimientos para obtenerlo. El Salvador suspendió, desde 2012, todos los proyectos mineros en el país.

Los alegatos del país incluyen, además de las mencionadas inquietudes ambientales y sanitarias, la afirmación de que Pacific Rim no cumplió con requerimientos de información ni obtuvo aprobaciones locales necesarias para que se le extendiera el permiso de explotación. Toman como base las exigencias de la Ley de Inversiones.

OceanaGold, por su parte, ha echado mano de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) para llevar la demanda ante el CIADI. Dicho apartado permite a las empresas demandar a los gobiernos por tomar medidas que afecten sus operaciones.

En 2012 el CIADI determinó, con base en la Ley de Inversiones de El Salvador, que la demanda era válida. Dicha legislación fue reformada posteriormente.

La adquisición de Pacific Rim por parte de OceanaGold se concretó en 2013, y el principal activo de la canadiense era el proyecto minero en El Salvador, así que continuó el proceso en el CIADI.

Tres árbitros que conocen el proceso decidirán, en esta etapa final del proceso, a cuál de las partes dan la razón.

Fuente: laprensagrafica.com

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